Revista Identidad Urbana

1.        Ante las operaciones desinformantes que han hecho creer a muchos ciudadanos y compañeros que en la reciente votación parlamentaria sobre la cuestión agraria, voté o impulsé el voto junto a la reacción y la oligarquía, debo aclarar, en primer lugar, que no soy diputado y estuve muy lejos de la capital durante el debate del Congreso. Proyecto Sur  no “militó” en las filas del “campo” sino que optó siempre por las retenciones móviles y segmentadas y por una propuesta integral que atendiera a la demanda de los 220.000 pequeños productores rurales que padecen el abandono oficial, la sojización y los abusos de los acopiadores y exportadores. Proyecto Sur apoyó y votó su propio proyecto de ley luego de haber agotado todas las instancias para acercar posiciones y consensuar un proyecto único con el oficialismo que incluyera la formación de una comisión bicameral que investigara la más grave estafa contra el Fisco de los últimos años que se consumaba bajo el paraguas de la Resolución 125. Se trata de una defraudación por US$ 1.169 millones en las exportaciones de soja y de un total de US$ 1763 millones contando el maíz, girasol y trigo como finalmente lo establece el diario Página 12 en su artículo de fondo del último domingo.

La cifra de la defraudación duplica lo que el gobierno nacional pretendía recaudar con la Resolución 125 y tiene como protagonista al único gran actor que quedó en las sombras: las multinacionales exportadoras de granos, a quienes nosotros señalamos desde marzo con la denuncia penal que presentamos con Claudio Lozano y todas las declaraciones y documentos, de los cuales los más importantes aquí adjuntamos. Semanas después Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans ampliaron la denuncia penal y en la votación de la Cámara, Lozano fundamentó que no acompañaba el proyecto oficial por la negativa de incluir el pedido de investigación. En consecuencia, Proyecto Sur no tuvo otra alternativa que presentar el proyecto propio para no asociarse a la impunidad y la estafa. Recién hoy se la empieza a reconocer y el gobierno nacional comenzó a tomarla en cuenta.

2.           La estafa consistió en que a fines de 2007, las Cerealeras- Exportadoras de granos y derivados presentaron falsas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por más de 23 millones de toneladas de soja que todavía no habían comprado, adelantándose a un eventual aumento de retenciones. Esta operación se realizó con la complicidad de funcionarios del gobierno nacional y ha tenido como uno de sus principales beneficiaros al senador cordobés del Frente para la Victoria, Roberto Urquía, dueño de un monopolio exportador privado, la Aceitera Gral. Deheza que, además, recibe el 4% de subsidio a sus exportaciones de aceite. Llama la atención que la maniquea visión con que se ha abordado este tema hizo olvidar a todos esta denuncia y se ocultó las propuestas avanzadas que traía el proyecto que presentamos junto con otro diez diputados para profundizar las retenciones móviles y capturar las rentas extraordinarias para su justa distribución. Lo más notable de todo, es que buena parte del país creyó que se estaba tratando en el Congreso de la Nación una ley que iba a dar beneficio a los sectores postergados del escenario rural, cuando se estaba votando una resolución cuyo efecto se extendía sólo hasta octubre y no resolvía de ninguna forma el conflicto desatado. El paroxismo y delirio fue tan grande que el presidente del Partido Justicialista puso en juego la continuidad del gobierno nacional y, según los trascendidos, hasta consideró pedir a la Presidente que renunciara a su cargo.

3.        Proyecto Sur nunca aceptó considerar que había dos bandos excluyentes en la contienda. Desde un inicio, dijimos que la línea de polarización política estaba mal trazada, porque dejaba afuera del conflicto a las multinacionales exportadoras (Dreyfus, Molinos Bunge, Cargill, Nidera, ADM, Aceitera Gral. Deheza,) que se llevan un tercio de la renta agraria y estafan al fisco con exportaciones en negro y tercerizadas. Denunciamos a la Sociedad Rural, al lock out patronal y a las reprochables medidas de desabastecimiento que duraron meses y perjudicaron al pueblo. Dijimos también que  entre el gobierno y “el campo” estaba el pueblo argentino que reclamaba una pronta y verdadera solución al conflicto. La “cinchada” tuvo que prolongarse más de 100 días para que el gobierno comprendiera que debía girar el tema al Congreso. Las retenciones móviles -tal como las establecía la Resolución 125- no cayeron sólo por la conjura de la reacción. La verdad es que el gobierno, con mayoría parlamentaria, fue traicionado por los hombres de sus propias filas que fueron incorporados por el mismo Kirchner en su Frente Para la Victoria, como Romero, Schiaretti, Reutemann, etc. El voto del vicepresidente Cobos fue el último eslabón de una larga cadena de inconsistencias y traiciones.

4.            No perdamos las energías en un desorientador maniqueísmo. Es necesario construir una gran alternativa para el país. Estamos ante la oportunidad de construir un Proyecto Agropecuario Nacional, cuyo actor principal, junto a los pequeños y medianos productores (pequeña burguesía agraria, campesinos, indígenas, trabajadores rurales), es el Estado, a través del restablecimiento de las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, monopolio público del comercio exterior, líneas de créditos baratos, el INTA y las universidades aportando semillas y tecnología, quien puede contrarrestar la destructiva tendencia al monocultivo sojero. Se ha logrado debatir con profundidad y se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del tema agrario. Hay presentados en el Parlamento iniciativas y proyectos que establecen retenciones móviles minuciosamente segmentadas, ley de arrendamientos, entre otros. El gobierno nacional tiene la oportunidad de reconstruir el consenso para un verdadero proyecto agropecuario que procure el repoblamiento del campo y la soberanía alimentaria de los argentinos. Allí está la propuesta y predisposición de Proyecto Sur para confluir con otras fuerzas en un gran camino de reconstrucción. Esperamos que el gobierno nacional oiga y tome nota de estos aportes. 

                Fernando “Pino” Solanas

22 de julio de 2008